Artículo de opinión por Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre, se está debatiendo. En Uruguay, el gobierno tuvo que intervenir a última hora para evitar la promulgación de un proyecto de ley que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.

La sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Brasil revisar su ley de amnistía representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender plenamente y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas.

Los gobiernos suelen justificar su recurrencia a las leyes de amnistía generales en nombre de una rápida reconciliación, nacional o comunal. La historia muestra, sin embargo, que blindar de la rendición de cuentas a los autores, al tiempo que niega la justicia y la reparación a las víctimas, es probable que provoque nuevos conflictos en lugar de sanar las heridas del pasado. Cuando se han concedido amnistías en el afán y la ansiedad de pasar la página de los conflictos, o para la razón más siniestra de encubrir los abusos, su derogación debe ser siempre una opción abierta que se debiera tomar en la primera oportunidad.

Sin embargo, en América del Sur y en otros lugares, el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovidos a través de leyes antiguas y nuevas. Un caso de ello es el de Brasil, donde el Tribunal Superior de Justicia negó la posibilidad de modificar la ley de amnistía de 1979, afirmando que los crímenes cometidos durante la dictadura no eran sino “actos políticos”.

En Chile, la ley de amnistía sigue vigente 32 años después de su promulgación. Es más, la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre, se está debatiendo. En Uruguay, el gobierno tuvo que intervenir a última hora para evitar la promulgación de un proyecto de ley que hubiera permitido la liberación de los autores de violaciones de derechos humanos debido a su vejez.

En este contexto, medidas para mejorar la rendición de cuentas son aún más notables. En Argentina, el país con el mayor número de juicios de derechos humanos en el mundo, los tribunales continúan presidiendo los casos de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra sucia de 1976-1983. Argentina ha demostrado que el conocimiento de la verdad es un derecho que no tiene ningún estatuto de limitaciones. Es un derecho que nadie puede negar o renunciar.

La posición de Naciones Unidas con respecto a las amnistías no puede ser más clara: no son admisibles si evitan el juicio de personas que puedan ser penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad o violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los delitos que se dirigen específicamente a las mujeres, así como delitos relacionados con el género.

El ejercicio de estos derechos es incompatible con la impunidad normativa o de hecho. Los países del hemisferio occidental deben prestar atención a la sentencia de la Corte Interamericana y entregar la justicia negada durante tanto tiempo a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.

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