Gobierno anuncia Ley de protección de derechos de NNA en respuesta a Campaña Movilizándonos

A partir de la campaña “Movilizándonos” que convocan varias organizaciones de la sociedad civil -entre ellas ACHNU- para que el gobierno promulgue una Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Ministerio de Planificación anunció a la Red que impulsa la campaña que durante los próximos días enviará al Congreso el respectivo proyecto de ley. Para seguir la discusión, reproducimos la carta que envió el MIDEPLAN y una columna de Francisco Estrada, ex director del Sename, quien plantea la necesidad de crear las condiciones para la apropiada implementación de una ley de este carácter, para no repetir la experiencia de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Vea la carta del MIDEPLAN en http://movilizandonos.wordpress.com/

                                                                                                                                                                                                                               

Antes de la ley

Fuente: El Post

En el mundo de las instituciones de infancia, públicas y de la sociedad civil, existe un extendido anhelo por una ley de protección integral de derechos de la infancia y la adolescencia. El Presidente anunció su estudio el 21 de mayo pasado y hay un proyecto de ley enviado el 2004 al parlamento, que se discutió en el Senado el 2005 (participé en su tramitación) y que se encuentra en la Cámara de Diputados. En opinión de varios actores, no responde adecuadamente a las exigencias de la Convención de derechos del Niño y a  las necesidades actuales de la infancia.
 
También creo que ese proyecto no aporta hoy y que lo que necesitamos es una ley que termine de una vez por todas con la ley de Menores. Pero, a diferencia de algunos, creo que hay cuestiones aún pendientes, previas a esa anhelada ley y de muchísima mayor repercusión. El legítimo y fundado anhelo por esta necesaria reforma normativa no debe hacernos incurrir en la extendida tentación nacional de fantasear con el poder omnicurativo del legislador.
 
La puesta en marcha de la ley penal juvenil ya nos enseñó -con sus problemas-, y la reforma procesal penal -con sus aciertos-, que los procesos de implementación requieren años de preparación, recursos financieros disponibles y que hay dimensiones que son tanto o más importantes que la normativa en una reforma institucional de envergadura. Esbozo aquí tres de estas tareas:
 
1. Pese a distintos esfuerzos, carecemos de una política estatal en materia de salud mental infantil. Buena parte de los casos más problemáticos del sistema de protección de derechos presentan requerimientos importantes en salud mental, los que no tienen quien los satisfaga. Existe hoy una demanda de atención de salud mental de alta complejidad y especificidad que no puede ni necesita esperar una ley para su abordaje. MINSAL debería partir creando una Unidad de Salud Mental Infantil y presentar una propuesta de trabajo en el siguiente presupuesto exploratorio, que asuma como propia esta tarea y deje de esperar que otros (Sename, privados como Cottolengo, tribunales de familia, gendarmería, etc) se hagan cargo.
 
2. Hoy Sename alberga, en un día, a cerca de mil niños y niñas en sus centros. Ninguno de éstos cuenta con la infraestructura idónea para acoger e intervenir los dolorosos casos que le toca recibir: explotación sexual infantil, abandono, grave maltrato, niños en situación de calle, violaciones y abusos. Sus funcionarios hacen lo indecible en entornos que dificultan hasta la conversación uno a uno. Así como la ley penal juvenil desnudó que la infraestructura no era la adecuada, otro tanto ocurrirá con cualquier ley de protección. Es inadmisible mantener en el olvido a estos centros. No hacer nada y escandalizarse porque niños los abandonan es fariseísmo puro. Iniciar un plan de mejoramiento de los existentes y un plan de infraestructura de nuevos centros con estándares idóneos no requiere ninguna ley.
 
3.  Hoy el estado entrega una subvención cercana a los $190 mil al mes por niño internado en un hogar o residencia. Ese monto es insuficiente para las tareas de reinserción y apoyo que toda la sociedad espera con estos niños. Muchas de las instituciones que tienen un buen trabajo lo deben a su capacidad de buscar donaciones en el mundo privado, pero ese mecanismo tiene un tope y, como es sabido, los últimos años, las donaciones han ido a la baja. No podemos esperar procesos de reparación o reinserción familiar a punta de limosnas. El estado tiene un deber y, hace ya un tiempo, no lo está cumpliendo. Se requiere modificar el monto de la subvención y eso necesita apoyo desde el Ministerio de Hacienda. El año pasado no se aumentó en un peso el monto para los hogares y residencias, y las instituciones como Hogar de Cristo, María Ayuda, Protectora de la infancia, pueden dar fe de la gravedad de esta situación.
 
Tres tareas de primera prioridad en materia de protección de derechos de los niños que más mal lo están pasando hoy.  Tres tareas que no requieren ley de protección.

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