Frente a alta conmoción pública y la ola de denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes, ACHNU junto al Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, constituyeron una Mesa de Seguimiento para impulsar en el Congreso Nacional la creación de la figura del Defensor del Niño.

En la reunión, realizada en la sede del Senado en Santiago, Osvaldo Torres, director ejecutivo de ACHNU, fue el encargado de exponer a los presentes la propuesta elaborada por nuestra institución a partir de la experiencia nacional e internacional y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

La propuesta concibe a esta Defensoría de la Infancia y la Adolescencia como un organismo público autónomo del Estado, con las facultades adecuadas para proteger efectivamente los derechos de niñas, niñas y jóvenes en nuestro país, tomando en cuenta la debilidad institucional y financiera de los actuales organismos gubernamentales.

El senador Letelier aseguró que “en Chile no se concibe a los niños como sujetos de derecho”, por lo que afirmó que desde el cargo de la vicepresidencia del Senado buscará impulsar esta iniciativa para instalar su discusión en el Congreso con la participación de los representantes de la sociedad civil.

A la cita asistieron Soledad Larraín, de UNICEF Chile; Erick Lombaert y Carlos Muñoz, de la Red de ONGs de Infancia y Juventud; Bárbara Olivares y Nury Gajardo, de la Campaña por la Ley Integral de Protección de Derechos; Giulia Tarducci y Denisse Araya, de ONG Raíces; Ingrid González, de la Comisión Solidaridad Marista; además de la coordinadora ejecutiva de ACHNU, Francis Valverde, y la directora del programa CEDENIM Paulina Solís.

Por qué un Defensor del Niño

Osvaldo Torres aludió a la actual discusión sobre la propuesta anunciada del gobierno de modificar el SENAME, lo que calificó de “absurdo” sin la existencia de una ley de protección integral de los derechos de la infancia y adolescencia, como viene promoviendo la Campaña Movilizándonos.

El director ejecutivo de ACHNU apuntó, además, a la importancia que tendría el Defensor del Niño en la denuncia y persecución del maltrato en casos en que los organismos públicos están involucrados, ya que hoy se genera una “cadena” de vulneración paradojal, que se expresa en al menos tres ámbitos: la escasa preocupación de las instituciones (escuelas municipales, hogares de menores, OPD) por defender los derechos de los niños, niñas y jóvenes; peor aún, cuando dentro de las propias instituciones protectoras se produce la vulneración (en cuyos casos la institución demuestra escaso interés en restituir los derechos vulnerados puesto que perjudica sus propios intereses); o la arraigada práctica de que los fiscales acuerden con los defensores la suspensión de juicios en casos de abuso sexual infantil; todo esto, poniendo en entredicho la prioridad del interés superior del niño como establece la Convención sobre los Derechos del Niño que suscribió Chile en 1991.

Este panorama determina una insuficiente cobertura jurídica y reparatoria. Al respecto, Paulina Solís, abogada directora del programa CEDENIM de ACHNU, aseveró que para los niños no existe igualdad ante la ley, ya que los mecanismos legales no son adecuados para defender y ejercer sus derechos, no así para asumir responsabilidad frente a delitos como establece la Ley Penal Adolescente. También criticó la nula oferta para pacientes psiquiátricos y con drogodependencia por parte del Ministerio de Salud, así como la insuficiente oferta para reparación de daños.

En la experiencia de CEDENIM, relató, sólo el 7% de los 1.200 casos que han pasado por el programa han terminado fallos condenatorios, lo que provoca en las familias una sensación de injusticia y frustración, frente a la cual el Defensor del Niño puede significar una respuesta.

Por lo pronto, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha instado al Estado chileno en dos ocasiones, 2002 y 2007, a la creación de una figura autónoma encargada de promover y defender sus derechos.

Los integrantes de la Mesa, todos con experiencia en el ámbito de protección de derechos de infancia y que han venido discutiendo la posibilidad de constituir esta Defensoría, manifestaron distintos nudos críticos que este organismo podría enfrentar, tales como la falta de integración intersectorial en la reparación de daños, la prevención de la vulneración de derechos (en particular por parte de organismo y funcionarios públicos), la defensa frente a la discriminación que pueden ejercer los medios de comunicación, entre otras temáticas.

También, los asistentes plantearon su “inquietud” frente a la propuesta del gobierno para modificar el SENAME, discusión que se ha concentrado en los aspectos administrativos y no en las carencias esttructurales de la institucionalidad que debiera proteger a la infancia y juventud. Recordaron, por lo demás, que la aprobación de la Ley Penal Adolescente -que por estos días cumple 5 años de vigencia- estaba comprometida junto a una Ley Integral de Protección de Derechos, compromiso que permanece sin materializarse.

Comunicaciones ACHNU

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