Columna de Osvaldo Torres, director ejecutivo ACHNU: “Niñez y bondad social”

Nuevos casos de graves vulneraciones de derechos se han sucedido en la prensa nacional, con denuncias que salpican a una serie de instituciones y ponen en entredicho la capacidad del Estado de cumplir su rol de garante de los derechos de niños, niñas y jóvenes. Osvaldo Torres, director ejecutivo de ACHNU, ofrece una mirada estructural a la problemática, apuntando a la promulgación de una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y una Defensoría de la Infancia y la Adolescencia como dos propuestas clave para convertir al Estado chileno en un real protector de estos derechos. Asimismo, compartimos la columna escrita por el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, donde analiza estas mismas problemáticas y releva la importancia del proyecto del Defensor del Niño que se encuentra impulsando en el Congreso junto a ACHNU y otras organizaciones de la sociedad civil.

Niñez y bondad social

Por OSVALDO TORRES

El grupo social más desprotegido en el país son los niños, niñas y adolescentes, a  pesar que el imaginario social los sitúa como la población a la que más amor, cariño y protección hay que brindar porque, en razón de su edad, no tendrían posibilidad de desarrollar sus potencialidades sin el apoyo de los adultos y en particular de sus padres.

Conocidas son las cifras de maltrato infantil,  que superan el 70%. Y de éstas, el 25% son lesiones graves y sobre el 35% es provocada por uno de los padres. Respecto a los abusos sexuales a los niños, la prensa ha venido mostrando esta extendida realidad tanto a nivel intrafamiliar, como en los colegios y hogares residenciales a cargo de instituciones religiosas o privadas. Es decir, los niños o niñas tienen como lugares de mayor riesgo a su integridad  la familia, la escuela o el lugar al que el Estado los deriva para su protección.

Del total de 130.000 casos que vieron los  Tribunales de Familia en el 2010, unas 91.500 causas se relacionaron con graves vulneraciones a los derechos de los niños. Si se consideran los niños atendidos por los programas de SENAME -hogares residenciales y programas especializados- la cobertura alcanza solamente a los 32.000 casos.  Por lo tanto, si se transparenta la cantidad de niños y niñas en listas de espera en Tribunales de Familia y en los programas SENAME, tenemos que más de 86.000 niños vulnerados en sus derechos básicos están sin respuesta garantizada por el Estado (sin considerar la calidad de esa respuesta y los riesgos mencionados más arriba).

Entre los perfiles sin respuesta se encuentran: 7.000 niños/as y adolescentes abusados sexualmente que necesitan terapias reparatorias del daño;30.000 maltratados física y/o psicológicamente o cuyos padres son negligentes; 15.000 cuya situación es altamente compleja (por consumo de drogas, trasgresión de normas, familias con negligencia severa hacia ellos, expulsados del sistema escolar, entre otros); 4.000 con necesidades de diagnóstico; 800 en situación de calle; 800 que cometen abuso sexual con otros niños y31.000 cuya situación de vulneración requiere ser detectada tempranamente, en una acción lo más cercana a los espacios de vida del niño o niña.

Lo anterior no considera las cifras de pobreza infantil (el informe Cepal sitúa la cifra en más de 1.300.000), como otros aspectos de sus derechos tales como la participación, opinión, a ser oído (no hay ninguna institucionalidad al respecto); a vivir en un medio ambiente protegido (caso Escuela “La Greda” de Puchuncaví, entre tantos); tener condenas justas, acceso a programas de rehabilitación en medio libre o cerrado y condiciones de vida digna ( ver informeComisión Intersectorial de Supervisión de Centros Privativos de Libertad que afirma que estos Centros sufren de hacinamiento y tienen condiciones insalubres, con humedad, hongos y aguas residuales en los baños, etc.).

Ante estas realidades, hay que señalar que la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos de los menores de 18 años es principalmente del Estado, luego de la familia y las comunidades que se relacionan privilegiadamente con ellos (colegios, vecinos, curas, etc.).

Desde que Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, en 1990,  está pendiente  tomar medidas radicales para superar esta crítica situación. Pero la respuesta estatal a esta situación ha sido de oídos sordos. No es que no se haya hecho nada o que la situación de la niñez sea tan desastrosa como en aquel año, pero las medidas adoptadas no tuvieron ni la prioridad, orientación y fuerza que la situación demanda. Baste decir que Chile no tiene una Ley de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia y se rige aún por una ley de menores cuya concepción data de 1929 y que fue actualizada en la década del sesenta, con un enfoque autoritario- paternalista que le niega el carácter de sujeto portador de derechos a los niños y adolescentes.

Se hace evidente la necesidad de contar con una ley moderna, acorde a la Convención, pero también con un organismo decisivo en el control de la voluntad estatal de hacer cumplir esa ley: el Defensor de la Niñez. Este organismo existente en numerosos países de América Latina y el mundo, para que sea eficiente debe: ser autónomo del gobierno, y cualquier otro poder del Estado; tener la capacidad de concurrir a tribunales en la defensa de casos sin justicia; debe presentar informes anuales al Congreso para señalar las principales dificultades, aciertos y desafíos que tiene el país para con la niñez, y poseer presupuesto propio, entre otras características.

El Defensor de la Niñez puede ser un hito que marque una voluntad real de las autoridades políticas y legislativas, en el objetivo de superar las graves violaciones a los derechos de miles de niños y niñas chilenos. En este camino ya se han pronunciados varios parlamentarios, entre ellos recientemente el Vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier y el senador Patricio Walker. Es de esperar que este sea el inicio de la construcción de un nuevo marco  jurídico e institucional para la protección de los derechos de los niños.

Publicado en La Tercera

Maltratar a un niño es un delito y debe ser castigado

Por Juan Pablo Letelier, vicepresidente del Senado

Cada cierto tiempo nos sorprenden noticias de malos tratos que reciben niños y niñas que están bajo el cuidado de entidades cuya misión es protegerlos. El caso del Pequeño Cottolengo de Quintero vuelve a poner el tema en primer plano con imágenes impactantes.

Pero nuevamente es el periodismo el que se adelanta a las autoridades en descubrir lo que sucede en un lugar en que nuestra infancia debiese recibir los cuidados que merece.

Los niños y niñas son sujetos de derecho y quienes los maltratan no sólo deben tener el repudio de toda la sociedad, sino que también deben ser sancionados.

Como país hemos avanzado mucho en temas diversos, pero aún tenemos una deuda con el pleno respeto a los derechos de la infancia. Nuestra institucionalidad debe protegerlos para que no volvamos a ver imágenes de niños amarrados a sus camas o golpeados.

Las autoridades judiciales y del Sename han adoptado en los últimos días medidas para investigar lo que sucedía en el Cottolengo de Quintero, tras la difusión del reportaje televisivo. Pero las situaciones denunciadas pueden haber ocurrido durante un largo tiempo sin que nadie haya hecho nada.

Como Vicepresidente del Senado presenté hace un mes una moción para sancionar penalmente el trato degradante a niños, niñas y adolescentes, en especial cuando las víctimas son personas con capacidades distintas.

Se trata de que no sólo reciban una pena quienes lesionen a un menor, sino quienes les den un trato que los degrade. Según la doctrina, el trato degradante es considerado como el último eslabón en una escala de gravedad que incluye en segundo lugar el trato inhumano y culmina con la tortura.

He propuesto que se agregue al Código Penal una disposición que señala que  “el que inflingiere a un menor de edad un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral será castigado con presidio menor en su grado mínimo”, esto es, una sanción entre 61 días y 540 días.

La pena se aumentará en un grado cuando el que comete el delito fuese una “autoridad pública, ministro de un culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado por cualquier título o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido”.

La misma sanción, es decir, hasta tres años de presidio, se aplicaría si el niño, niña o adolescente  objeto del trato degradante fuese un discapacitado.

Asimismo, junto con el senador Patricio Walker, patrociné un proyecto de Ley para crear la Defensoría de la Infancia.

Creo que se trata de una necesidad urgente y así lo hacen ver organizaciones que trabajan en la protección de la infancia, con quienes hemos creado una alianza al alero del Senado para impulsar un sistema integral de protección de los niños y niñas de nuestro país.

Publicado en Cooperativa.cl

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