En una nueva columna publicada en La Tercera, el director ejecutivo de ACHNU, Osvaldo Torres, destaca la importancia del apoyo transversal que recibió por parte de los y las senadores el proyecto de ley para la protección integral de los derechos de la niñez y juventud, presentado durante una sesión especial la semana pasada en el Congreso. “En definitiva”, releva Osvaldo Torres, “estamos en presencia de una verdadera “iniciativa popular de ley”, mostrando así las bondades de la participación de la sociedad civil cuando el Congreso se abre a un nuevo tipo de relación con las organizaciones ciudadanas”.

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Una sesión especial

Por Osvaldo Torres

FUENTE: La Tercera Blogs

El 80% de los senadores acaba de respaldar, con su firma, el proyecto de ley “Protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia”, en una proporción que se acerca a la unanimidad.

Con ocasión de la sesión especial del martes 16 de agosto recién pasado, el Senado conmemoró los 21 años de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y se evaluaron los desafíos que se le presentan al Estado para quedar a tono con este instrumento internacional.

Una ley de protección integral a la niñez quizás no parezca importante para la opinión pública pero, aunque parezca poco creíble o razonable, el país adolece de normas jurídicas claras y específicas que permitan que los menores de 18 años tengan un reconocimiento explícito de sus libertades y derechos civiles, económicos y sociales, así como en la convivencia familiar y las garantías a la protección espacial, cuando sus derechos son vulnerados o ingresan al proceso judicial.

El mayoritario apoyo del Senado a esta ley es también un respaldo a esta iniciativa, que fue impulsado por una mesa de trabajo por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, conformada luego de un trabajo participativo de numerosas organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, fundaciones y agrupaciones de niños y niñas. De esos debates salieron los principales temas que debía contener una ley que reconociera y normara las formas de garantizar los derechos que tienen en el país los menores de 18 años. Luego de esto, un grupo de abogados se dio a la tarea de organizar un texto especializado que comparara la legislación vigente en otros países y la adecuara a la cultura e instituciones nacionales. Así, la mesa de trabajo estuvo en condiciones de proponerle al vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier, que apoyara esta iniciativa y la presentara ante los senadores. En definitiva, estamos en presencia de una verdadera “iniciativa popular de ley”, mostrando así las bondades de la participación de la sociedad civil cuando el Congreso se abre a un nuevo tipo de relación con las organizaciones ciudadanas.

Este proyecto de Ley es especialmente oportuno, pues todos los actores del sistema de protección de la niñez han planteado que, antes de dividir el SENAME en dos reparticiones públicas, debe contarse con un marco jurídico normativo que le permita operar como sistema de rehabilitación de adolescentes infractores y otro para el sistema que tome a su cargo la protección especial de aquellos vulnerados en sus derechos. Es decir, esta Ley de Protección Integral está dirigida a dar coherencia a las diversas instituciones de los poderes Ejecutivo y Judicial, en el resguardo de los derechos de todos los niños y niñas, con independencia de su condición social, su estructura familiar, su etnia o lugar de nacimiento. Es importante destacar esto, pues, por lo general, se tiende a atender y construir mecanismos de control social sobre la fracción más excluida de los niños y no se asume la universalidad de las garantías que incluyen a todos y todas.

En cuanto al contenido, el texto permite ordenar adecuadamente, sobre la base de un catálogo de definiciones y principios que lo sustentan, las orientaciones que deben tener los servicios que se desprenderán de la reforma del SENAME, así como los servicios educativos, de salud, los programas municipales y en el ámbito familiar. Junto a lo anterior, se propone reducir o terminar con la judicialización de los problemas sociales que sufren los niños y niñas, desarrollando garantías que operan como mecanismos preventivos de una situación de vulneración de sus derechos.

Es necesario decir que esto, que aparece como extraordinario, en realidad es una puesta al día respecto del atraso que tiene el país en esta materia. La modernización de los servicios, la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos, no podrá concretarse sin que esta ley se promulgue, pues de otra manera persistirá la incoherencia entre políticas universales, sectoriales y focalizadas que existen por doquier pero sin autoridad social, y normas que lo integren en una doctrina acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño. Es lo que ha recomendado el Comité de Naciones Unidas, el Instituto Interamericano del Niño, dependiente de la OEA, y es el camino que ya realizaron hace más de una década países como Colombia, Brasil, Bolivia, Costa Rica o México, los que, siendo diversos en sus índices de crecimiento económico, han sabido cumplir con su deber de tener a la niñez y la adolescencia de sus países como preocupación en la agenda político legislativa.

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