El ex director del SENAME, Francisco Estrada, junto con destacar en la siguiente columna la presentación del proyecto de Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, aporta algunos elementos para ir enriqueciendo el debate sobre la necesaria institucionalidad para la promoción de los derechos de niños, niñas y jóvenes y la acción del Estado y la sociedad civil como garantes, en aspectos como la participación y el trato adecuado hacia niños vulnerados.

Derecho por los niños

Francisco Estrada

FUENTE: El Post

En agosto, en medio de la celebración de los 21 años de la ratificación por Chile de la Convención de Derechos del Niño, un grupo de ONG’s (La Caleta, ACHNU, entre otras) consiguió el respaldo del senador Juan Pablo Letelier y de otros parlamentarios para un proyecto de ley de protección de derechos del niño.

Este es un gran paso en el debate sobre esta reforma pendiente. Básicamente, porque más allá de las virtudes y defectos del texto, se juega por una propuesta concreta, se deja atrás el terreno cómodo de las recomendaciones, los principios y las declaraciones para discutir cómo determinados y precisos artículos satisfacen -o no y en qué grado- el deseo colectivo por mejorar la situación de los derechos de los niños en el país.

Osvaldo Torres, David Ordenes y otros líderes de instituciones que llevan décadas trabajando en infancia, han conseguido ofrecer a la ciudadanía una propuesta desde la sociedad civil y merecen, por eso, un amplio reconocimiento, en un mundo que, lamentablemente, ha carecido de ese atrevimiento. Sin ir más lejos, durante la discusión de la ley penal juvenil no existió un texto alternativo al del ejecutivo desde la sociedad civil, lo que evidentemente empobreció el difícil debate.

Sobre la base de este reconocimiento, quiero plantear muy brevemente tres ideas, que espero enriquezcan este proceso.

1. Nos falta como estado una política de infraestructura idónea para los centenares de niños en grave vulneración de derechos que deben ser separados de sus familias, a quienes, por su serio nivel de daño psicosocial, les cuesta encontrar un lugar en la red de hogares y residencias. Niñas en explotación sexual infantil que ven a sus abusadores como “pololos”; niños que han hecho de la calle su espacio de vida; menores abusados que repiten el patrón aprendido de abuso con sus pares; y otros con serias patologías de salud mental. Chile no tiene un solo centro idóneo para ellos. Con la puesta en marcha de la ley penal juvenil se produjo una toma de conciencia sobre las cárceles juveniles y se adoptaron algunas decisiones de infraestructura que, aunque demoren en ponerse en marcha, van en la dirección correcta. Eso no ha ocurrido con los centros del área de protección de derechos, todos ellos de antiquísima data y que carecen de los espacios que permitan un proceso de intervención que favorezca la reinserción.

2. Con las calles de testigo, las demandas por espacios de participación han crecido. La voz de los niños puede hacer mucho por enriquecer definiciones programáticas, evaluar procesos y resultados y dialogar con autoridades de distintos niveles, en los organismos públicos y privados. La ley debe generar e institucionalizar esos espacios de participación.

3. Es necesario refrescar y ampliar la mirada a vulneraciones de derechos de cotidiana ocurrencia, pero que escapan al clásico estereotipo del “niño Sename”. Cada vez que es preciso regular un régimen de relaciones (visitas, se le decía antiguamente) entre un padre y un hijo en que existen complicaciones que dificultan el proceso, carecemos de espacios e instancias adecuadas. Y por eso muchas veces los noticiarios han mostrado que encuentros como estos se realizan hasta en comisarías. España ha implementado con mucho éxito, siguiendo la experiencia francesa, los denominados “Puntos de encuentro”, que son lugares donde es posible desarrollar el delicado proceso de revinculación entre un niño y su padre, con el apoyo de profesionales y bajo su vigilancia, en aquellos casos en que el tribunal lo estime necesario.

Ampliar los entendimientos sobre qué vulnera los derechos infantiles, ordenarle al estado la generación de una política en infraestructura e institucionalizar la participación, son tareas que el derecho puede desarrollar en pro de los derechos de los niños.

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