Abuso sexual a los niños y niñas: “El pan nuestro de cada día”

By | Octubre 18, 2011

(Por Osvaldo Torres G. Director Ejecutivo ACHNU) No parece haber mucho revuelo con los resultados del estudio desarrollado para la Fiscalía Nacional (no disponible aún en su página web) y difundido por los medios de comunicación a fines de septiembre. Ese estudio señala que las denuncias por abusos sexuales y violaciones a los niños y niñas alcanzó un promedio de  38 casos diarios (13.752 en el año). El grupo de edad más vulnerable está entre los 7 y 13 años con un 31% del total de los menores de 18 años y de ellos, 4 de cada 5 son mujeres. Para variar, el estudio vuelve a ratificar que los hombres vinculados familiarmente son los principales delincuentes y no tienen ni “pinta” de abusadores ni son “enfermos”; más bien son de “buena familia”, sin antecedentes de aquello que cierta sociología llama anómicos o algunos psicólogos tildan de rasgos psicopáticos.

Lo que se puede afirmar es que el hogar “bien constituido” no es la salvaguarda para los niños y niñas, ni tampoco un espacio protegido que evita el peligro ante el extraño, pues en realidad el peligro vive en su interior. Y también se puede ratificar que estamos  ante un fenómeno particularmente grave, brutal y repulsivo, que no cuenta con una respuesta en las políticas públicas que pueda operar preventivamente  así como punitivamente hacia el delincuente y reparando lo más integralmente a las víctimas.

Veamos. Una política preventiva en este plano pasa por una política de educación sexual que debe partir tempranamente no sólo desde el hogar sino también desde servicios como los de salud y educación. Esto, que es resistido por sectores conservadores, permitiría que la niñez pueda construir nociones claras y de acuerdo a su edad, del respeto por sí misma, su cuerpo y la forma de recepcionar los afectos que requiere por parte de sus familiares. Hay una ausencia de programas en este plano y existe una censura  para verbalizar estos asuntos  ante el temor  sea de profesores o profesionales de la salud al posible reproche de los padres, lo que lleva a sacar estos temas de  la vida cotidiana y hace que aparezcan como asuntos de pervertidos. Pero, en realidad, al no hacerlo ayudamos  a que éstos sigan cometiendo sus delitos en el silencio cómplice de la sociedad.

Otro factor que puede ayudar a prevenir el delito sexual contra los niños y niñas es adoptar la propuesta de sancionar penalmente a las instituciones que están involucradas en los hechos de abuso. Es decir, si el personal de un colegio, una parroquia, un club deportivo, de una institución colaboradora de SENAME u otra, comete un delito sexual contra un niño que tiene bajo su responsabilidad, de alguna forma debe responsabilizarse a la institución si ella no demuestra que tiene una política de prevención de estos delitos (encargado del tema, selección del personal apropiado, mecanismos de monitoreo, canales confidenciales de denuncia, etc.).

Considerando que el estudio proviene de la Fiscalía Nacional, son importantes las derivadas políticas que tendrá. Se anunció que se disminuirán los tiempos de tramitación de causas, lo que es positivo y auspicioso, pues, a modo de ejemplo, los tiempos de espera  que maneja el Programa jurídico PRJ CEDENIM de ACHNU es notablemente distinto, ya que entre el inicio de una investigación por denuncia de un delito sexual cometido en perjuicio de un niño y la formalización del imputado, es de 8 a 24 meses. Así las cosas, la decisión procesal es tardía y revictimzante.

Es fundamental que la rapidez no vaya contra la justicia y a favor de la impunidad. Señalo esto pues hay un uso desproporcionado de la “suspensión condicional del procedimiento” como salida alternativa para los abusadores sexuales por parte de los fiscales. Este mecanismo consiste, tal como su nombre lo indica, en la salida alternativa al juicio oral o a cualquier otro procedimiento contemplado en la legislación penal para el delincuente sexual de niños, que se “compromete” ante el tribunal de garantía a respetar determinadas restricciones y condiciones y, además, obtiene el beneficio de quedar sin antecedentes penales permitiéndole volver a delinquir y recurrir a la “intachable conducta anterior”, para una rebaja de posteriores penas. Esta medida, contemplada y fundamentada en un informe del Ministerio Público, Oficio 160-2009 numeral 8, incluso argumenta en la  letra a) que  es aplicable, también, cuando  “el caso no sea de conmoción pública”.  Esto ha derivado en que numerosas causas cuyas víctimas son niñas abusadas sexualmente, violadas y con resultado de embarazo se les haya aplicado la medida, quedando en la impunidad el delincuente y destrozada la vida de una adolescente.Son los casos por ejemplo de F.M.V. de 9 años, víctima de abuso sexual; G.O.M. de 15 años, víctima de abuso sexual; G.F.A., violación; S.E.U., de 13 años, violación, todas atendidas por el PRJ-CEDENIM.

En definitiva hay que decidirse a cambiar los postulados que en la reforma penal quedaron en contradicción flagrante con la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene como parámetro el “interés superior del niño” y no el cumplimiento de metas para que se resguarde la integridad de los menores de edad, tengan del apellido que tengan.

Finalmente hay que considerar la tremenda desproporción que hay entre las cifras de abusos sexuales contra los niños y niñas y los limitados cupos para la defensa jurídica, los exámenes periciales  y la reparación sicológica disponibles en el sistema. Todo lo que hace que este asunto debiera ser una prioridad en el presupuesto 2012.

 

 

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