Cuando la institucionalidad estatal enfrenta casos de maltrato o abuso sexual, su responsabilidad es no volver a traumatizar a la víctima. Sin embargo, esta “revictimización” o “victimización secundaria” sigue siendo frecuente en el sistema judicial chileno, cuyos profesionales no han sido formados en el enfoque de derechos o el interés superior del niño (Convención sobre los Derechos del Niño). Por eso, esta iniciativa difundida por UNICEF y el Poder Judicial es de suma relevancia y debe ser promovida y replicada en los tribunales a lo largo del país, como un paso mínimo para convertir al Estado chileno en un actor defensor y no vulnerador de la infancia.

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