Con el objetivo de sumar reflexión y análisis crítico sobre el estado de los derechos de la niñez y la juventud chilena, nuestro director ejecutivo, Osvaldo Torres, publicará una columna bisemanal en El Post, destacado sitio de columnas de opinión sobre temas de relevancia nacional. En su primera columna, analiza los pormenores del prometido bono escolar, cuestionando la promoción de la competencia con estímulos económicos en las escuelas y que el bono no se le entregue directamente a los niños y niñas beneficiadas, entre otros temas.

Brígada o Juancito

FUENTE: El Post

Hace pocos días, el presidente Piñera anunció la entrega de los primeros bonos por el buen desempeño académico de los estudiantes del 15% mejor evaluado por generación, en los colegios con familias más vulnerables y de “clase media emergente”. El ministro Lavín afirmó, en la ceremonia de entrega a dos alumnas beneficiadas: “Esta es una política social nueva, por medio de la cual queremos premiar a los niños y niñas que se esfuerzan. En este caso, Brígida y Dorca están entre las mejores alumnas de su curso, por lo que cada una recibirá este bono de $50.000 que se paga durante este mes de mayo”.

Una primera consideración a esta política pública es que no existe ningún estudio previo respecto de la relación positiva entre un bono por desempeño escolar y el efectivo rendimiento posterior de los estudiantes. Más bien este parece ser la reiteración de un enfoque ideológico relativo al “homos economicus”, que piensa que los seres humanos nos movemos de acuerdo el menor esfuerzo y el máximo beneficio posible. Esta política definida por el actual gobierno como premio al logro, no tiene aún alguna sustentación empírica que permita afirmar que son recursos públicos bien invertidos. Su magnitud en dólares alcanzará a los US $18 millones anuales aproximados para 200 mil estudiantes.

El colocar un incentivo en los individuos que tienen mejor rendimiento puede aumentar la brecha entre los estudiantes al interior de cada curso, en tanto la dinámica puede ser la de separar a los “privilegiados”, aquellos que ya tienen mejores opciones familiares de desarrollar sus capacidades respecto de otros que, con condiciones personales más adversas, hacen esfuerzos similares con resultados menos descollantes. Dicha segregación ya ocurre entre colegios municipales y particulares subvencionados, ya que las familias que envían a sus hijos a los segundos buscan diferenciarse de los primeros.

Hay ideologismo en creer que la “competencia” entre escolares mejora el desempeño, como si existiese entre ellos una lucha por el mercado laboral futuro y no una decepcionante educación que a esos sectores sociales les cierra el paso para optar a la movilidad social por la vía del mérito y el logro en ambientes colaborativos. Además, esta política de estímulos pro competencia no ha previsto los conflictos que puede desatar entre los estudiantes, en vez de articular una estrategia de cooperación entre ellos y ellas, comandada por el propio colegio, si esos recursos fuesen a mejorar la calidad educativa de las escuelas. Esto, sin considerar que puede promover que la familia reclame o se decepcione de su propio hijo si al año siguiente no vuelve a tener un rendimiento académico que le permita recibir el premio. La ley evolutiva de Darwin se cuela en esta propuesta, dejando atrás a los menos favorecidos entre los ya desfavorecidos.

Por otra parte, una consideración obligada es el anuncio de que este bono se le entrega a los padres y no a los niños y adolescentes que hacen el esfuerzo de superarse en sus estudios en contextos de colegios de bajos rendimientos. O sea, aquellos niños y adolescentes de entre 11 y 17 años (5º de enseñanza básica hasta 4º de enseñanza media) que el Estado felicita por su rendimiento, a la vez les priva de reconocerle su criterio para disponer del incentivo. Una política coherente de reconocer los derechos y responsabilidades que ellos tienen, sería entregarles directamente el bono para que puedan decidir si lo ahorran para su desarrollo futuro o lo gastan ahora para ellos o con su familia.

Lo anterior es interesante de comparar con la experiencia boliviana que se desarrolla desde el año 2006, con el “Bono Juancito Pinto”, cuya cobertura alcanza en la actualidad a 1.700.000 estudiantes que reciben directamente un bono por asistencia a la escuela, de forma mensual, y por un monto de US$ 30, asegurados con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos; es decir, $15.000 por estudiante que presenta su cédula de identidad. Con este programa la deserción ha disminuido, así como ha aumentado la cobertura escolar. Al no estar asociado a sus rendimientos, la calidad de la educación queda bajo la responsabilidad del proyecto escolar que ejecutan las escuelas y el sistema educativo. Cabe recordar que su PIB per cápita es US$ 2.000 en comparación a Chile que es de US$ 12.500, según el Banco Mundial.

El estructurar una política social de superación de la pobreza sobre la base de las 8 transferencias contempladas en el “Ingreso Ético Familiar” que está por aprobar el Parlamento, puede ser una variante populista del “Estado subsidiario” -que se montó bajo la dictadura- ya que no se compromete con los derechos de las personas, sino que depende de la voluntad política y presupuestaria del gobernante de turno. Por otra parte, si el ejecutivo persiste en la idea de entregar el bono de reconocimiento al logro personal del estudiante, desde una perspectiva liberal coherente se debiera entregar este incentivo a ellos y no a los padres.

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