Declaración de ACHNU frente a las 10 medidas anunciadas por el gobierno en políticas de infancia

Frente a los anuncios del presidente Sebastián Piñera para la prevención y acción ante el abuso sexual infantil, proponiendo modificaciones legislativas, institucionales y penales, la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas ACHNU considera:

1. Los anuncios presidenciales son un avance en el reconocimiento de la extensión y gravedad del abuso sexual infantil que no tenía lugar en las políticas públicas ni en la agenda legislativa. Específicamente:

a)      Saludamos que se legisle definitivamente para que exista una entrevista única al niño(a) abusado(a), impidiendo la revictimización, lo que requerirá también de adecuar las facultades de defensores, fiscales y jueces durante los juicios.

b)      Consideramos que el registro de pederastas; la implementación del brazalete electrónico; y la modificación al Código Penal en relación a victimarios vinculados a la víctima, son todas medidas favorables, pero no deben confundirnos: la prevención y la educación son más efectivos para disminuir los delitos sexuales que la persecución penal. Ésta debe ser estricta, sin lugar a dudas, pero no debe ser la principal herramienta, en tanto la evidencia ha demostrado que el aumento de penas no disminuye la ocurrencia de delitos sexuales.

c)      Así también, la restricción de libertad condicional a los autores de delitos sexuales contra niños(as) de poco sirve si se mantiene la actual tasa de condenas en este tipo de delitos (12%), y la más baja tasa aún de quienes cumplen penas de cárcel, por lo que se requiere fortalecer tanto a Gendarmería para controlar los beneficios carcelarios a agresores, como a las policías para asegurar el cumplimiento de las medidas de protección para las víctimas.

d)      Si bien se valora la propuesta de aumentar las penas para los delitos en torno al material pornográfico, resulta más prioritario hacerlo respecto de otros delitos contra la indemnidad sexual más prevalentes, como los casos de abuso sexual intrafamiliar, que requieren de políticas de prevención antes que punitivas.

e)      Esperamos que el incremento de los fondos para el Servicio Médico Legal se aseguren para las prestaciones hacia los niños y niñas abusados y que no vayan al presupuesto general, diluyéndose en otras funciones. Sin embargo, junto a la inyección recursos al SML, se debe financiar al SENAME para atender a niños(as) vulnerados(as) y terminar con las listas de espera del sistema, como lo develó Contraloría recientemente. Específicamente, se requieren recursos extra para los DAM y PRM que evacúan pericias y efectúan terapias reparatorias para las víctimas.

 

2. En lo que se refiere a los anuncios respecto de la institucionalidad de infancia y juventud, vemos en ellos la persistencia del gobierno a reformar la actual institucionalidad bajo los parámetros ya esbozados durante los últimos meses, en los que el Ministerio de Desarrollo Social desechó la propuesta elaborada en conjunto con la organizaciones pro infancia –ACHNU entre ellas- para delinear una propuesta a todas luces insuficiente y equívoca en las voces de todos los actores pertinentes (ver reportaje El Dínamo).

En ese sentido, consideramos que:

a)      La creación de un Sistema Nacional e Integral de Protección de la Infancia, así como la división en dos organismos del actual SENAME –medidas que no son novedosas puesto que ya estaban en conocimiento de la opinión pública-, sólo tiene sentido si se propone una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez, que derogue la actual Ley de Menores y reconozca explícitamente los derechos de niños y niñas, normando las garantías que el Estado debe otorgarle a las personas menores de edad, junto con crear un sistema de tutela administrativa eficaz ante vulneraciones de derechos y una tutela jurisdiccional de derechos.

b)      La implementación por parte de distintos ministerios de las mociones parlamentarias pendientes, persiste en el error de ejecutar medidas dispersas y aisladas, sin coordinación interministerial, en vez de formular una política integral única que mandate a todos los organismos del Estado.

c)      El Defensor del Niño anunciado es un gran paso, siempre y cuando no sea un organismo del gobierno que mediatice la defensa efectiva de los derechos de los niños y niñas. En este sentido, debería haberse anunciado directamente el respaldo al proyecto de ley de los senadores Patricio Walker y Juan Pablo Letelier que asegura la autonomía e independencia de ese organismo de los otros poderes del Estado.

 

3) Por último, hay un problema medular en los anuncios: la carencia de mecanismos participativos para las organizaciones que hemos trabajado durante años en estos temas, quienes hemos demostrado tener las competencias suficientes para generar propuestas eficientes, efectivas y duraderas en la prevención y reparación de la niñez vulnerada.

A pesar de que MINDES ha desoído a las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado con el gobierno y UNICEF para dotar de un proyecto que garantice los derechos de todos los niños y niñas, alineado con estándares internacionales y modernos, aún está a tiempo de rectificarse enviando al Parlamento el proyecto de ley consensuado en enero del 2012 entre el ministro Lavín y las instituciones especializadas.

Asociación Chilena pro Naciones Unidas, ACHNU

Santiago, 18 de julio, 2012

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