A 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño: Una sola voz

By | Noviembre 19, 2014

CDN 25 años“… Aunque el Estado de Chile sí ratificó la Convención en 1990, año tras año su deuda con los niños y niñas que viven en el país se ha ido abultando. Mientras los países de la región respondieron, más allá de las particularidades locales, a las exigencias normativas, administrativas y jurídicas definidas por la CDN, Chile se ha convertido tristemente en el único país de Latinoamérica que no cuenta con un sistema integral de protección de derechos”.

Por Comunicaciones ACHNU

25 años de la CDN

Nada menos que un cuarto de siglo cumple este 20 de noviembre de 2014 la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Hasta la fecha, la importancia de la Convención radica en que sigue siendo el instrumento más importante respecto de los derechos humanos de esa enorme minoría social que constituyen todas las personas menores de 18 años (u otra edad, dependiendo de la legislación de cada país).

La relevancia política de la CDN radica, asimismo, en que su firma y ratificación por parte de un Estado le otorga un estatuto superior al de una ley, adquiere rango constitucional y es vinculante para todos los poderes del Estado y, por lo tanto, éstos deben ser garantes de que dichos derechos sean respetados por parte de toda la sociedad.

En el transcurso de estos 25 años, casi todos los 190 países que la suscribieron -siendo el instrumento internacional más firmado- han entendido que dicho compromiso implicaba actualizar su institucionalidad para responder, efectivamente, al imperativo protector de niños, niñas y adolescentes que la Convención mandata.

Es así que la promulgación de leyes y la implementación de sistema proteccionales ha sido la tónica común entre las naciones que se han puesto al día con las exigencias internacionales en materia de derechos del niño.

Los matices y diferencias entre países siguen siendo preocupación del Comité Derecho del Niño de Naciones Unidas, así como la no ratificación de la CDN por parte de Estados Unidos (Somalía y Sudán del Sur lo hicieron durante los últimos años).

¿Y qué pasa con Chile?

Nuestro país, miembro de la OCDE, socio comercial del mundo y eterno candidato al desarrollo… aún no tiene un sistema universal de protección a los derechos del niño.

Aunque el Estado de Chile sí ratificó la Convención en 1990, año tras año su deuda con los niños y niñas que viven en el país se ha ido abultando.

Mientras los países de la región respondieron, más allá de las particularidades locales, a las exigencias normativas, administrativas y jurídicas definidas por la CDN, Chile se ha convertido tristemente en el único país de Latinoamérica que no cuenta con un sistema integral de protección de derechos.

En el plano legal seguimos regidos por la Ley de Menores (1967), que concibe al niño como objeto de políticas públicas y no como sujeto de derechos y protagonista de su ejercicio, y se basa en la llamada “doctrina de la situación irregular”, la que norma la conducta social del niño o niña y faculta al Estado a sancionar o corregir cuando ésta se desvía de la norma social. Esta noción está típicamente asociada a los niños en conflicto con la justicia, en situación de calle o de pobreza.

En el plano institucional, el Servicio Nacional de Menores responde a la misma lógica de la Ley, y hoy su principal atención está puesta en los adolescentes en conflicto con la justicia y en las víctimas de maltrato, excluyendo de su rango de acción a un porcentaje mayoritario de la niñez y adolescencia que vive en Chile.

La principal carencia, entonces, radica en la ausencia de un sistema (normativo, administrativo y jurisdiccional) que garantice la protección universal, esto es, sin condiciones de ningún tipo, para todos y todas los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país. Existiendo un programa como Chile Crece Contigo, éste es el único que se destina a toda la infancia menor de 4 años, y si bien se proyecta ampliarlo hasta los 8, sigue estando lejos de ser la respuesta institucional que la Convención nos exige. Y el recientemente creado Consejo Nacional de la Infancia, aún no pasa de ser una instancia de coordinación interministerial y la promesa de ser la promotora de los futuros cambios legislativos e institucionales para la infancia.

Todo lo anterior se refiere al plano formal. La realidad concreta es mucho peor.

Si bien en nuestra sociedad el derecho a la vida está prácticamente resguardado (a excepción de una centena anual de casos de violencia que nos siguen estremeciendo), y se ha mejorado de manera relevante en la cobertura de salud y educación, seguimos marcados por una cultura de desprotección y vulneración de los derechos de la niñez.

Aunque se expresa de múltiples maneras, creemos necesario destacar tres de ellas:

Violencia

Expresada en forma física, psicológica y simbólica, la violencia sobre la niñez prevalece en el Chile actual. Así lo han demostrado los estudios de UNICEF, así como las cifras anuales del Ministerio Público sobre las denuncias de casos de maltrato. Especial atención merece el impacto que generó el despertar social frente al abuso sexual infantil, lo que se convirtió en tema obligatorio para padres y madres… quienes, por su parte, siguen sin entender que ningún tipo de violencia, ni el grito ni el coscorrón, es legítimo para criar a sus hijos.

Pobreza y desigualdad

Una de las principales conclusiones de los dos informes del Observatorio Niñez y Adolescencia 2013 y 2014 ha sido brutal: la pobreza golpea más fuerte a la niñez. Se trata de que la proporción de niños pobres es más alta que la de los adultos. Pero además, la fuerte desigualdad en la distribución de la riqueza, una de las más altas del mundo, junto a la precarización de la oferta de servicios públicos, hacen que el acceso y calidad de éstos, a pesar de su garantía universal, esté fuertemente condicionado por la capacidad de pago de las familias.

No participación

Una forma velada en que se expresa la cultura adultocéntrica es en la exclusión de niños y niñas. Sea en la familia, en su escuela, en su comunidad o directamente en los organismos del Estado, la voz de los niños está ausente y no se escucha. Se sigue concibiendo a los niños y niñas como propiedad de sus padres. A pesar de que el derecho a expresar su opinión y ser escuchados en los asuntos que les competen es un mandato, sabemos que no se cumple. La negación de su protagonismo y opinión, aun cuando sea incuantificable, no cabe duda que es un rasgo transversal de la sociedad.

En síntesis, ya sea desde el punto de vista institucional y normativo, como desde el punto de vista práctico, el retraso del Estado chileno es innegable. No necesitamos más niños muertos, víctimas de explotación comercial o de abuso sexual, para entender la urgencia política de ponernos al día y comenzar a pagar esta enorme deuda.

Consenso nacional

A pesar de la diversidad de las instituciones que trabajan por la niñez en el país, el estado actual de las cosas nos ha llevado a alcanzar, hace largo tiempo, un consenso en torno a las prioridades en el plano de la política pública.

Reunidas la mayoría de ellas en el Bloque por la Infancia, pero ya desde hace muchos años en instancias como la Campaña Movilizándonos y en la Red de ONGs de Infancia, nuestra propuesta se sintetiza en la generación de una Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y, complementariamente, en la creación del Defensor del Niño. Tanto UNICEF como un sinfín de académicos, expertos y organismos especializados coinciden en este diagnóstico y propuesta.

Es decir, en materia teórica y técnica, el consenso entre los especialistas es total. Es en el plano político donde no han habido los avances necesarios.

Si bien se ha logrado que un número de parlamentarios, de todas las bancadas, hayan hecho propias estas definiciones; así como el gobierno actual se ha propuesto presentar al Congreso una Ley de Protección Integral (como indicó el Ministro de Justicia en carta a El Mercurio el 18 de noviembre reciente), la cruda realidad es que hoy, a 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, seguimos careciendo de un sistema universal de protección.

Dicha carencia no es casual, sino el resultado de décadas de falta de voluntad política. Quienes llevamos años intentando incidir en la creación de este sistema, hemos visto cómo se olvidan los compromisos adquiridos y se olvidan los acuerdos, al calor de la política contingente y las necesidades del presupuesto fiscal.

El paso de 25 años, como hito simbólico, es la oportunidad para abrir un punto de inflexión en esta amarga historia. Junto al empeño de la sociedad civil organizada, llega la hora de que las autoridades del país reconozcan la deuda y asuman un compromiso político incondicional por la niñez y la adolescencia y sus derechos.

Una sola voz

Un cuarto de siglo ha pasado desde la Convención sobre los Derechos del Niño.

Un cuarto de siglo de un Estado chileno en deuda con sus niños, niñas y adolescentes.

Hoy, somos una sola voz exigiendo lo mismo: que en Chile se respeten todos los derechos de todos los niños y las niñas.

 Descarga la Convención sobre los Derechos del Niño.