“El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia será un avance solo si hay una ley que prevenga, promueva y promocione derechos de niños, niñas y jóvenes”

By | Junio 8, 2020

Francis Valverde , Directora Ejecutiva de ACHNU, y experta en Derechos Humanos e infancia , señaló que el nuevo servicio es lo mínimo que se pudo lograr luego de la crisis del Sename, además reafirma que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y que el Estado es quién debe garantizarlos.

 

El Senado despachó la ley del proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que reemplazará al Servicio Nacional de Menores, Sename, luego de innumerables cuestionamientos a la función cumplida por éste último. El nuevo servicio será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia. En este contexto, los trabajadores de la Red de Organismos Colaboradores Acreditados del Servicio Nacional de Menores (OCAS) hicieron público un comunicado en el que rechazan tajantemente los cambios de la institución debido a que, aseguran, la crisis del Sename “ha sido permanente y todo indica que se mantendrá bajo el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia”.

En la tramitación del proyecto de ley de esta nueva institución, se estipuló un artículo transitorio relativo a una condición para la entrada en vigencia de la normativa: la aprobación y publicación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

En relación con este punto, Francis Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU, manifestó que, si bien la nueva institución que reemplaza al Sename podría representar cierto avance, Chile sigue teniendo un problema de fondo que es la falta de un estatuto de protección integral a la infancia. “Esperamos que el Presidente no vete el artículo transitorio que señala que no se puede poner en práctica el servicio hasta que haya una ley de garantías, porque la ley del servicio no enfrenta el problema de fondo, que es la situación general de desprotección de niñas y niños en Chile. El servicio especializado podría ser un avance solo si hay una ley que prevenga y promueva derechos y los promocione como corresponda, lo que no está sucediendo”. 

Respecto de las características del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Francis Valverde indicó que sin ley de garantías integrales, esta nueva institucionalidad, en la práctica, es un simple cambio de nombre por diversas razones. Primero, por el financiamiento, pues mientras exista ley de subvenciones y no financiamiento a la intervención especializada, la precariedad de la intervención con los niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos se va a mantener. “Es impresentable que se siga manteniendo una fórmula de vínculo con los niños a través de una “ayuda” a los privados para que sean ellos quienes enfrenten las situaciones e intervengan con los niños y niñas. El Estado sigue no haciéndose responsable de las garantías y derechos de los niños y niñas, señala.

De igual manera, al no haber prevención local a nivel territorial o un dispositivo de apoyo y permanente vigilancia de la situación de los niños y niñas, como sería un servicio local de la Infancia, que prevenga vulneraciones de derechos y las detenga a tiempo para que no sean graves, entonces no se van a detener los ingresos a los servicios especializados, que es el gran problema que tenemos ahora. “Hay 14 mil niños en lista de espera, según los datos de la Subsecretaría de la Niñez, entonces el tema es cómo evitamos que esa lista se siga engrosando y la única forma es que haya un verdadero sistema de protección integral que prevenga las vulneraciones: que haya apoyo y políticas de familia, de infancia a nivel local.”

Un tercer elemento tiene que ver con “la nueva calidad del servicio”, que se cuestiona porque “no se puede exigir, con la precariedad financiera actual , que mejore con los 95 mil millones de pesos que plantea la Subsecretaría, esto porque un 30% e se va a gastos administrativos y con el restante apenas se cubre a los 14 mil niños y niñas que ya están en lista de espera”. Entonces, señala la Directora Ejecutiva de ACHNU, “no habrá remuneraciones dignas a profesionales especializados, ya que con sueldos de máximo 800 mil pesos no se logran profesionales con experiencia. 

De esta manera, la experta en temas de infancia, señala que la dificultad que existe para que el Estado impulse una ley de protección de Derechos de niños y niñas radica en que “esto abriría la puerta a  garantizar derechos a todos los ciudadanos y Chile por Constitución tiene establecido que es un Estado subsidiario, entonces esto releva la necesidad de un cambio constitucional, donde el estado sea el Garante de los derechos de niños y niñas, y por ende de todos los ciudadanos“.

Finalmente, para la Directora Ejecutiva de ACHNU, el cambio en el Sename no ataca el problema de fondo, que es que “en Chile no se respetan los derechos de todos los niños y niñas, pues todos tienen derecho a ser protegidos y  requieren garantías reforzadas. Pero eso debe ser aplicable a todos los niños que residen en el país, no solo los chilenos”, concluyó Valverde.

Fuente: Radio Universidad de Chile