”Chile es uno de los pocos países del mundo que no tiene una ley de protección integral de derechos de niñez y adolescencia y eso es una falencia gravísima”

By | Junio 30, 2020

Francis Valverde, Directora Ejecutiva de ACHNU y Miembro y Vocera del Bloque por la Infancia, señala los alcances que tiene aprobar la Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia y Adolescencia, y la iniciativa de no aceptar el veto presidencial propuesto por Chile Vamos

 

Si bien se aprobó la ley creación del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, el que reemplazará al actual Sename y que busca garantizar la protección especializada a la infancia y adolescencia; el actual debate gira en torno a un artículo transitorio emanado desde la Comisión Mixta del Congreso y que obligaría a que la implementación del Servicio de Protección, solo podría iniciarse una vez aprobada la Ley de Garantías o Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, condicionando la entrada en vigencia de la legislación que crea el Servicio. “Estamos en un momento relevante, porque el parlamentario Walker ha elevado un articulo transitorio en la ley de servicio de protección especializada en relación a que esta solo puede empezar su implementación cuando esté promulgada la ley de garantías de derechos de niños y niñas”, señala Francis Valverde, quién además puntualiza que si este articulo es aceptado y no es vetado por el Presidente, -algo que ha pedido Chile Vamos-, la puesta en marcha de la ley del servicio quedará supedita a la ley de garantías, lo que para ACHNU y el Bloque por la Infancia es relevante pues se aprobaría la ley de garantías durante este periodo.

Así, el Presidente tiene 30 días para tomar una decisión respecto de vetar o no la ley de garantías, (que vencería el 9 de julio )que en este caso sería un veto supresorio pues implica que un artículo que está puesto en la ley se suprime; es decir se saca de la ley. Cabe señalar que la ley del Servicio debe ser enviado por el presidente al Tribunal Constitucional porque hay varios artículos que requieren un análisis de parte de este organismo, particularmente aquellos que se refieren a funciones, atribuciones y presupuesto, que en una ley como esta no puede establecerse a menos que sea por el ejecutivo.

El desafío de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niños y niñas, agrupadas en el Bloque por la Infancia, es poder generar incidencia en la ley de protección de derechos que permita alcanzar los estándares más altos, dentro del contexto que estamos como país , y tener una ley que responda al mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ese motivo, estas instituciones han comenzado a desarrollar la campaña de “No al veto a la Ley de Garantías”, considerando para ello parte de los mandatos con el que dicha agrupación se formó hace casi 10 años, y que son incidir en la ley de la protección integral de niñez y adolescencia, promover la constitución de una defensoría de la niñez, entre otros. “Como bloque si bien logramos que exista una defensoría, tenemos la obligación de generar las condiciones para que exista una ley de protección de derechos. Chile es es uno de los pocos países del mundo que no tiene una ley de protección de derechos y eso evidentemente es una falencia gravísima para efectos de la protección de los derechos de la niñez en nuestro país”, afirma Francis Valverde, quién es parte del Bloque por la Infancia desde sus inicios. Por lo mismo “estamos invitando a otros actores de la sociedad civil a que se sumen a la campaña porque tenemos una relativa conciencia de que el Presidente tiene una sensibilidad a la influencia de las redes sociales”, puntualiza.

En relación a un posible retraso que podría tener la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Protección Especializada en la Niñez, esto no tiene mayor implicancia porque la ley del servicio tiene elementos relevantes que la vinculan con la ley de protección integral de derechos. “Es bien impresionante, pero muchos de los mandatos que tiene la ley del servicio requieren que exista un sistema de protección integral de derechos de la niñez, por lo tanto, su puesta en marcha sin la ley de protección integral de derechos no va a variar en nada la realidad que actualmente tiene el servicio nacional de menores. De hecho puede ser peor”, señala Francis Valverde, quién cree que existe una posibilidad cierta que el presidente no considere el veto, puesto que la ley de servicio requiere una ley integral de protección de derechos que la asume en su articulado.

 

 

 

 

 

 

 

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