Frente a los publicitados maltratos denunciados en un jardín infantil en la comuna de Quilicura, la reacción mediática y de las autoridades ha concentrado la atención en las medidas punitivas contra las ex funcionarias del recinto y la instalación de cámaras dentro de éste, omitiendo los aspectos más relevantes del caso: ¿qué responsabilidad le cabe al Estado y sus organismos protectores para evitar que sucedan estos actos de maltrato? Por ejemplo, en la formación terciaria de educadoras, en mejorar sus condiciones de trabajo, en facilitar la fiscalización y la participación activa de la comunidad. Y cuando éstos ocurren, ¿se habló de intervención integral? ¿Fueron los profesionales adecuados los encargados de elaborar una estrategia interdisciplinaria, o se enfocó en la medida comunicacional de las autoridades -alcalde y ministro- de instalar cámaras? Si esta es la solución, ¿es pausible para todos los establecimientos de educación preescolar del país?

Reproducimos la columna elaborada por la Corporación Opción, que desde un enfoque de derechos de los niños y niñas maltratados/as, propone enfocar en ellos y ellas la atención desde una propuesta que atienda su situación de vulnerabilidad emocional y el de sus familias.

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