Por Margareta Selander

Ésta es la pregunta que nos hacemos después de conocer la triste noticia sobre la muerte del joven Daniel de 17 años este fin de semana en el Centro Metropolitano Norte (CMN) – Til-Til de SENAME, quien cumplía una condena de tres años por robo.

Conocimos a Daniel a través de nuestro trabajo de reescolarización[1]en el CIP-CRC San Bernardo donde estuvo antes de ser trasladado a CMN.

El 22 de noviembre del 2012 Daniel fue trasladado a CMN junto con otros jóvenes. Tuvimos la posibilidad de acompañarlos durante varios meses con talleres educativos, de arte y baile para facilitar la llegada al nuevo recinto. Daniel era un joven con buena disposición al trabajo, respetuoso con los y las adultos/as y con sus pares. Un muchacho como la mayoría de los jóvenes recluidos en estos centros: provenientes de comunas periféricas, en situación de vulnerabilidad biopsicosocial y con un desfase escolar importante.

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La Asociación Chilena Pro Naciones Unidas – ACHNU, manifiesta su pesar por la muerte de un joven en el Centro Metropolitano Norte, ubicado en la comuna de Til-Til, destinado a adolescentes que han infringido la ley penal y dependiente del Servicio Nacional de Menores.

El Estado es el garante principal de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, incluidos aquellos/as que se encuentran privados de libertad. Cabe preguntarse entonces de qué manera el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente garantiza que, junto con cumplir las sanciones por las infracciones cometidas, los y las adolescentes puedan hacer ejercicio de sus derechos fundamentales y ser éstos debidamente protegidos.

Este hecho y otros que registra la historia de los últimos años evidencian dificultades significativas respecto a la capacidad del sistema para entregar condiciones mínimas de seguridad que garanticen la integridad física de los adolescentes privados de libertad, así como en torno a la calidad de los espacios en los que deben cumplir condenas. Asimismo, un conjunto de dudas rondan en relación a la suficiencia y efectividad de los dispositivos de intervención que debieran favorecer la re-significación de las experiencias infractoras, promover el desarrollo de sus potencialidades y dar paso a una efectiva reinserción social luego del cumplimiento de la sanción.

El Servicio Nacional de Menores evidencia la crisis del Estado en su rol de garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hablamos de una crisis estructural, que afecta a todo el sistema que, debiendo proteger y garantizar el ejercicio de los derechos, termina siendo parte de nuevas formas de vulneración.

La crisis actual de la institucionalidad de infancia y adolescencia da cuenta, una vez más, de la falta de voluntad política de los gobiernos que no han priorizado el tema y han resistido la obligación, adquirida a partir de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, de crear un sistema de protección integral de derechos, con la respectiva ley marco y una orgánica acorde que cuente con los recursos necesarios.

Sólo con el establecimiento de un sistema integral de tutela administrativa y jurisdiccional de protección y promoción de derechos podremos avanzar en el reconocimiento y restitución de los derechos de los NNA sujetos de tutela estatal y sujetos a sanciones penales producto de conflictos con la justicia penal.

Solidarizamos con el dolor de la familia de este joven y exigimos que el Estado tome las medidas que impidan que una situación similar se repita.

A 23 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas por el Estado de Chile, no hay una Ley de Protección Integral de la Niñez y la Juventud.

La Red de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ), en su Décimo Segundo Encuentro Nacional realizado los días 13 y 14 de noviembre en el Canelo de Nos, Santiago de Chile y el MOVIMIENTO MOVILIZÁNDONOS por una CULTURA DE DERECHOS  de niños, niñas y adolescentes COMPARTIMOS:

 
1. Que en todos estos años, desde 1990,  los gobiernos en Chile no han adecuado la legislación nacional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, implementando una LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ y la ADOLESCENCIA,  esto implica que el Estado, principal garante de los derechos de la Niñez en Chile, no ha cumplido este rol por lo tanto tiene que asumir la responsabilidad de las múltiples vulneraciones que sufren los niños y niñas y sobre todo de la falta de alternativas para que se realicen sus derechos en sus respectivos territorios.

 
2. Que la CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos y esto implica que sean oídos y respetados en sus propuestas en todo lo que les afecta, por lo tanto es urgente avanzar en mecanismos donde su participación protagónica esté presente.

 
3. Que el Estado de Chile y, específicamente, el gobierno tiene la responsabilidad  de aportar alternativas educativas y en diversidad cultural a los y las jóvenes menores de edad que han sido imputados de infringir la ley, sea cual sea su condición, no incurriendo  en prácticas como la admisión de testigos encubiertos, propias de la Ley Antiterrorista, ley anacrónica y vulneradora de derechos, que además ha sido cuestionada su aplicación por parte de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

 
4. Que desde el año 2008, hemos expuesto en diversas instancias, como el Poder Ejecutivo, ambas Cámaras y Comisiones del Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Social, entre otros, nuestras PROPUESTAS Y LA URGENCIA de una Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia que vive en Chile.

 
5.  Que las Organizaciones No Gubernamentales socias de la ROIJ y las organizaciones y redes que somos parte del Movimiento “Movilizándonos”, estamos atentos, no sólo a las promesas de las nuevas autoridades presidenciales, sino a las concreciones que realizarán en este próximo periodo, estando conscientes que el resguardo y promoción de los derechos de los niños y niñas no pueden esperar.

 
Red ONGs de Infancia y Juventud de Chile, Noviembre 2013.-