Entradas con la etiqueta ‘convención sobre los derechos del niño’

BLOQUE POR LA INFANCIA – CARTA ABIERTA

Santiago de Chile, agosto 2013

Señoras y señores Candidatas (os)

PRESENTE

De nuestra mayor consideración:

Las organizaciones abajo firmantes, perteneciendo a un amplio marco ideológico, político y social somos expresión de un trabajo comprometido junto a niños, niñas y adolescentes, trabajo que se desarrolla cotidianamente en distintos barrios y comunas de nuestro país. Nuestra convergencia nace de las vivencias compartidas, de los dramas conocidos, de las urgencias que apremian y, sobre todo, de las esperanzas y sueños de niños y niñas por tener un Buen Vivir en sus comunidades.

Los medios de comunicación hablan todos los días particularmente de los dramas, y falencias de servicios y ministerios, pero de lo que escuchamos poco es de los compromisos no cumplidos por el Estado de Chile con su población infanto-adolescente.

Nuestro parlamento, al aprobar por unanimidad la Convención de los Derechos del Niño en agosto de 1990, selló un compromiso con la comunidad internacional y con sus niños y niñas. De entonces a esta parte, muchas acciones han visto la luz, diversos cambios se han impulsado pero, aquellos cambios tendientes a sintonizar toda la acción del Estado con los principios y preceptos de la Convención, aún siguen esperando. Hoy, en América Latina, sólo Chile y Cuba no cuenta con una Ley de Protección Integral y con un sistema institucional, acorde a la misma.

Habiendo transcurrido 23 años desde que Chile ratificara este Tratado Internacional, los abajo firmantes constatamos que la dilación en concretar los cambios normativos e institucionales requeridos, ha terminado por ejercer una fuerte presión sobre todo lo existente, exigiendo al presente transformaciones de fondo.

Por todo lo anterior, y considerando además que cerca del 30% de la población en Chile es menor de 18 años, convocamos a quienes aspiran conducir los destinos de nuestro país en el periodo 2014-2018 a hacerse cargo, con nuestro apoyo, de concretar durante su mandato las transformaciones que a continuación proponemos:

1.  Aprobación de una Ley de Protección Integral, que sea coherente con los principios y normas de la Convención Sobre Derechos del Niño. Tal ley implica reconocer, como mínimo, los derechos ya consagrados en dicha Convención, explicitar los mecanismos a través de los cuales estos se hacen efectivos, crear un Sistema de Protección y Promoción de Derechos de carácter tanto universal como especial y derogar la actual Ley de Menores (vigente desde el año 67).

En todos estos años, las organizaciones de la Sociedad Civil organizada, hemos desarrollado innumerables propuestas y acciones tendientes a que tanto los parlamentarios como el ejecutivo asuman la importancia de contar con una Ley de Protección Integral de Derechos para la Niñez y la Adolescencia en Chile. De hecho, en enero 2012, las instituciones y organizaciones firmantes de esta carta llegamos a un acuerdo con el Gobierno, en la persona del Ministro Lavín del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en dicho momento, actuando bajo mandatado del propio Presidente de la República, respecto de un borrador de proyecto de ley, que lamentablemente fue desechado, volviendo de nuevo a fojas cero.

2.  Generar una institucionalidad en la administración del Estado del más alto nivel, encargada de la dirección, ejecución, control y supervisión del sistema de protección integral para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional (que puede asumir la forma de un Ministerio de la Niñez o, una Subsecretaría de Niñez), y que garantice la estructuración y funcionamiento efectivos de dicho sistema. Esta estructura institucional, debe generarse desde el nivel central hasta el nivel local. Asimismo, se requiere definir la Autoridad Central en estas materias, conformando un consejo público-privado como órgano central en niñez y adolescencia.

En el marco de esta estructura institucional y de las políticas y planes integrales que orienten su acción, se debe crear un Servicio Nacional de Protección de la Niñez, responsable de aportar la oferta especializada ejecutada directamente o a través de los organismos no gubernamentales, requerida por las instancias administrativas y judiciales, para otorgar prestaciones, atenciones y tratamientos que les sean solicitados, según la situación de niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos. De manera similar, se debe hacer con la creación de un Servicio Nacional de Justicia Juvenil. De esta manera, se asegurará que las vulneraciones graves y el tratamiento de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la justicia, estarán dentro del marco de las políticas globales de protección, con enfoque de derechos.

3.  Generar la figura del Defensor del Niño y la Niña. Nuestro país requiere la conformación de un órgano independiente, imparcial, de cobertura nacional y patrimonio propio, que monitoree, supervise y promueva los derechos de niños y niñas y adolescentes, al mismo tiempo que cuenta con facultades para requerir informes a las instituciones públicas y privadas y conocer de casos de vulneración de derechos sean estas individuales o colectivas, interviniendo ante tribunales.

4.  Hacia un Nuevo Trato Estado-Sociedad Civil: en nuestro país, son los más diversos organismos no gubernamentales y comunitarios los que sustentan el trabajo y vínculo cotidiano con niños y niñas esto, tanto en la labor de prevención en las comunidades, en la promoción de derechos, en lo proteccional y en justicia juvenil. El desarrollo pleno de este accionar del mundo asociativo, requiere de un Estado que reconozca y apoye la labor realizada, que posea la flexibilidad y la agilidad que la realidad de cada intervención exige, que asuma la relación con la sociedad civil en tanto asociación estratégica, para fortalecer los derechos de niños y niñas.

Es una relación de respeto y reconocimiento entre Estado, en su rol de garante y el mundo asociativo, lo que, en muchas experiencias comparadas, se ha demostrado como fundamental para distinguir lo que funciona, de lo que no funciona.

5.  Por un compromiso de país con la niñez del presente y su futuro: dicho compromiso debe ser explicitado, en primer lugar, en los mecanismos, estructuras institucionales y recursos destinados en prioridad (Principio de Prioridad de la Convención) a la promoción de derechos en todos los territorios y comunas del país.

En segundo lugar, dicho compromiso se hace explícito a través de la generación de mecanismos concretos de participación, donde los niños y niñas ejerzan su derecho a formarse una opinión libre y a ser escuchados, en función de su edad y madurez, en todos los asuntos que les afecten, lo que implica “favorecer un intenso intercambio de pareceres entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas…” (Observación General N° 12, del Comité de derechos del Niño).

Finalmente, este compromiso debe quedar explicitado también en la realización de todos los esfuerzos y en la destinación de los recursos que sean necesarios, para que los derechos se hagan efectivos en lo territorial y se erradique definitivamente la cultura de violencia y negligencia hacia los niños y niñas que prevalece en nuestro país. Para lograr esto, es vital la implementación de políticas, programas y medidas orientados hacia las familias y comunidades, hacia los servicios públicos y privados, hacia el mundo asociativo, hacia los tribunales, hacia los medios de comunicación y las empresas.

Sabemos que, a estas alturas, la tarea delineada no es fácil, pero, más complejo será aún el día de mañana si, por la vía de soluciones parciales, se continúan postergando las transformaciones normativas, institucionales y culturales antes explicitadas.

Quedamos a vuestra disposición, y a la espera de ver estas transformaciones incorporadas en sus programas de gobierno. Les saludan atentamente,

Bloque por la Infancia

Campaña Movilizándonos por una Cultura Integral de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que viven en Chile (Participan 400 organizaciones, redes locales, OPDs y ONGs de cinco regiones del país), Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile – ROIJ (con 35 ONGs en Infancia y Juventud a nivel nacional), Mesa PRO-BICE (representando a 10 instituciones ligadas a la Iglesia Católica), Asociación Chilena Pro Naciones Unidas-ACHNU, Corporación Opción, Fundación Hogar de Cristo, Aldeas Infantiles SOS-Chile, Consejo de Defensa del Niño, Fundación Mi Casa, La Protectora, Universidad Central, ONG Paicabí, Fundación Para la Confianza.

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